En asedio permanente: La prensa argentina durante el gobierno de Isabel Perón (1974- 1976)
Marcelo Borrelli1.
1 Argentino. Doctor en Ciencias Sociales por la
Universidad de Buenos Aires (UBA). Investigador del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina y docente de la
Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires.
El autor declara no tener conflicto de intereses con Punto Cero ni con
ningún miembro de su Comité Editorial.
marcebor@yahoo.com
Recepción: 29 de septiembre de 2015. Aprobación: 20 de octubre de 2015.
Resumen
En este artículo se
analiza la situación de la prensa argentina durante el gobierno peronista de
María Estela "Isabel" Martínez de Perón (1974-1976), durante el cual
se profundizaron los mecanismos represivos del Estado para sofocar a los
sectores políticos opositores, que incluyó una deliberada tendencia a limitar
la libertad de prensa a través de sanciones, regulaciones o clausuras. A su
vez, el crecimiento de la violencia política protagonizada por organizaciones
político-armadas de izquierda y de bandas armadas de ultraderecha consolidó una
realidad sumamente dificultosa para el ejercicio periodístico. Ante la práctica
autoritaria del gobierno y su avanzada censora, los medios de prensa se
posicionaron de manera sumamente crítica frente a la administración nacional,
resaltando sus contradicciones, destacando la incapacidad de la presidenta para
dominar la situación política y amplificando los datos negativos que se
desprendían de la realidad político-económica nacional. Finalmente, la prensa
argentina dejará en evidencia su animadversión hacia el gobierno al aprobar a
inicios de 1976 el golpe de Estado militar como una solución viable para la
crisis nacional.
Palabras
clave: Prensa, Argentina, Isabel Perón,
dictadura militar, libertad de prensa, censura.
1.
Introducción
Este artículo tiene
como objetivo analizar la situación de la prensa argentina durante el gobierno
peronista de María Estela "Isabel" Martínez de Perón (1974-1976),
enfocándonos particularmente en el caso de los diarios de tirada nacional. En
este periodo se profundizaron los mecanismos represivos del Estado para sofocar
a los sectores políticos opositores -tanto dentro como fuera del peronismo-,
que incluyó una deliberada tendencia a limitar la libertad de prensa a través
de sanciones, regulaciones o clausuras.
Paralelamente, la
escalada de violencia política protagonizada por organizaciones político-armadas
de izquierda y de bandas armadas de ultraderecha consolidó una realidad
sumamente inestable para el ejercicio periodístico. Durante estos años muchos
periodistas sufrieron persecuciones, se exiliaron y algunos fueron asesinados.
A pesar de este clima
adverso, los medios de prensa no se privaron de dejar impreso sus opiniones
sobre la realidad del país, que en la mayoría de los casos supuso una visión
sumamente crítica sobre el gobierno nacional. Al calor de este rechazo, y con
una situación política y económica cada vez más inestable hacia inicios de
1976, los medios escritos más importantes confluirán hacia una posición de
aprobación ante un eventual golpe de Estado militar.
En este trabajo, por
lo tanto, daremos cuenta de la situación de la prensa argentina en el contexto
referido, como también de las posiciones editoriales adoptadas por los diarios
nacionales más importantes del país ante la coyuntura del golpe de Estado de
1976.
2.
La prensa argentina en la década del 70
En la década del '70
el diario era el medio de comunicación masiva más popular2. No
competía con los otros medios, sino que se complementaban sus funciones. A la
mañana sus noticias eran retomadas y ampliadas por la radio, mientras que a la
noche la televisión lo hacía con los vespertinos y la radio. A diferencia de la
mayoría de las radios y canales de televisión que eran manejados por el
Estado, los grandes diarios nacionales estaban en manos privadas3.
La alta politización de la época posicionaba al diario como un instrumento
fundamental para los debates políticos. Estar informado, conocer las
definiciones ideológicas de cada uno de los diarios de influencia nacional y
comparar sus posiciones era una obligación para los militantes políticos. Los
diarios no eran solo medios de información: su lectura determinaba una línea
ideológica, una forma de comprender el mundo y la política. Los lectores más
avezados leían dos periódicos, y también más en casos particulares. Además,
existía una pluralidad de publicaciones partidarias. La clase media exhibía
hábitos de lectura consolidados: en sus hogares se leía al menos un diario y
una o dos revistas. La oferta informativa era amplia. Argentina era el país de
América -luego de Estados Unidos y Canadá-que más había desarrollado sus medios
masivos de comunicación (Ford y Rivera, 1987).
En 1976 los diarios
más importantes de alcance nacional se editaban en la ciudad de Buenos Aires,
capital de la Argentina: La Nación, Clarín, La Prensa, Crónica, La
Razón y La Opinión4. También la oferta de
revistas era amplia: una veintena superaba la tirada de 50 mil ejemplares. Los
magazines de espectáculos y actualidad llevaban la delantera, se
destacaban: Gente, que llegó a vender 300 mil
ejemplares, Así, Siete Días, La Semana, Semana Gráfica, Radiolandia, Antena,
TV Guía, Vosotras (de 50 mil ejemplares), Labores, Para
Ti (150 mil ejemplares). Las revistas políticas tenían sus fieles
lectores, destacándose por su periodismo de interpretación de la actualidad
política o sus notas sobre cultura, economía e historia. Las más relevantes
eran: Panorama, Redacción, Confirmado, Extra, Carta Política y Primera
Plana.
3.
El diario como actor político
Siguiendo los
postulados de Borrat (1989), planteamos el rol del periódico en las sociedades
modernas como un actor político dentro de un sistema
político determinado. En palabras de Borrat (1989: 10):
"Entendiendo por actor político a todo actor colectivo o individual
capaz de afectar al proceso de toma de decisiones en el sistema político,
afirmo que el periódico independiente de información general es un verdadero
actor político de naturaleza colectiva, cuyo ámbito de actuación es el de la
influencia, no el de la conquista del poder institucional o la permanencia en
él. El periódico influye así sobre el Gobierno, pero también sobre los partidos
políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de
su audiencia. Y al mismo tiempo que ejerce su influencia, es objeto de la
influencia de otros, que alcanza una carga de coerción decisiva cuando esos
otros son los titulares del poder político". Entender al periódico como actor
del sistema político implica: a) que el análisis del periódico como actor es
inseparable del análisis del "sistema político" del que forma parte;
b) que el periódico es un actor social puesto en relaciones de conflicto con
otros actores -como cualquier actor del sistema político-, aunque especializado
en la confección de relatos acerca de los conflictos entre los actores del
propio sistema y otros sistemas políticos; c) que ser actor de conflictos no
desconoce que el periódico también es actor de consensos (aunque para Borrat el
consenso es una categoría subordinada al conflicto); d) en función de su rol en
relación a los conflictos el periódico puede situarse como narrador,
comentarista o participante del conflicto político. A
su vez, Borrat distingue tres niveles referidos a cómo se involucra en los
conflictos políticos el periódico independiente de información general: en el
nivel extra el periódico es observador externo como narrador o comentarista de
conflictos entre otros actores sin involucrarse; en el nivel ínter es
parte principal o asume el rol de intermediario neutral en relaciones de
conflicto que lo ligan con otros actores; en el nivel intra es
actor colectivo involucrado por conflictos internos que le oponen con algunos
de sus componentes, o entre sus componentes. En el nivel ínter e intra es
actor de conflictos, en el nivel extra se ocupa de conflictos
ajenos. Las actuaciones del periódico en los tres niveles se expresan en parte
en actuaciones públicas (el discurso que narra y comenta la actualidad
política en la superficie redaccional del diario) y en actuaciones
no-públicas (el proceso de producción de la actualidad
periodística). Las actuaciones públicas se conocen por la lectura de los
temarios publicados, las otras se infieren a partir de las actuaciones
públicas, de manera tentativa (BORRAT 1989: 10-11).
Estas categorías de
Borrat nos permiten, no solo comprender teóricamente el rol de los diarios
argentinos en esta coyuntura específica, sino también observar de qué manera se
involucraron en los conflictos políticos de la etapa 1974-1976. Volveremos
sobre este punto.
4.
Una relación conflictiva: la prensa y el gobierno de Isabel Perón
El incremento de la
violencia política luego de la muerte del presidente argentino Juan Perón en
julio de 1974 había transformado el ejercicio del periodismo en una profesión
en asedio permanente5. Como recuerda Díaz (2002: 49), en aquellos
años era común escuchar en las redacciones "después de la de piloto de
pruebas, la de periodista es la profesión más peligrosa". En efecto, los
periodistas y los medios de prensa se encontraban bajo la presión directa de
las organizaciones político-armadas de izquierda y las bandas parapoliciales de
derecha, como la Alianza Anticomunista Argentina, más conocida como
"Triple A", que era conducida en las sombras por José López Rega,
secretario privado de Isabel Perón y ministro de Bienestar Social6.
En ese tiempo fueron asesinados conocidos periodistas, otros recibieron
intimidaciones u atentados7 y, en este marco, algunos
decidieron marchar al exilio (para un testimonio, véase GRAHAM-YOLL 1985).
Téngase en cuenta que muchos periodistas eran a su vez militantes políticos y
las persecuciones que padecieron estuvieron relacionados mayormente con su
inserción política y no directamente con su hacer profesional. Por su parte,
las empresas editoras de periódicos sufrieron reiteradas
"advertencias", amenazas y atentados: La Voz del
Interior de la provincia de Córdoba, El Día de la
ciudad de La Plata, The Buenos Aires Herald, La Prensa y La
Opinión (todos editados en la Capital Federal), entre otras (DÍAZ
2002: 54-64)8.
También el gobierno
de Isabel Perón, fortaleciendo su raigambre autoritaria, puso en práctica
políticas que reprimieron el ejercicio de la libertad de prensa. Ya el breve
gobierno de Juan Perón había generalizado una serie de procedimientos
autoritarios en el campo cultural que envalentonaron a los sectores
parapoliciales de derecha ligados a López Rega (SVAMPA 2007: 417). Las medidas
represivas de Isabel aprovecharon cierto consenso sobre que la libertad de
prensa podía quedar subordinada a las urgencias de una situación política cada
vez más crítica. En efecto, desde mediados de 1975 el gobierno peronista sufrió
un vertiginoso proceso de licuación de poder, flanqueado por la agudización de
la violencia política, los problemas económicos, los planes militares para
desembarcar en el poder, la militarización de la política, las peleas hacia
dentro del peronismo y la pérdida de legitimidad del accionar presidencial,
entre otras variables desestabilizadoras9. Así, un gobierno que se
sabía endeble y asediado, desviaba la atención sobre su propia incapacidad
situando a los medios de prensa como "enemigos del pueblo". Como lo
han destacado algunas investigaciones (FRANCO 2012; SERVETTO y PAIARO 2013),
los discursos públicos de Isabel Perón construyeron en forma insistente
diversos "enemigos" que eran señalados como los principales
responsables de los problemas del país. En este relato, el enemigo emblemático
a combatir fue "la subversión", el "terrorismo violento" o
el "extremismo ideológico" -entre otras acepciones estigmatizantes
para referirse a la guerrilla y a los sectores de la izquierda más
radicalizada-, ya que actuaba bajo "ideologías extrañas" en
contraposición al ser nacional "occidental y cristiano".
En este contexto, el
gobierno llevó adelante diversas acciones restrictivas para la libertad de
prensa. En principio, se destacó la clausura de diversas publicaciones. Por
motivos ligados a la disputa interna del peronismo, se clausuraron los diarios
del peronismo de izquierda Noticias (ESQUIVADA 2009), El
descamisado (NADRA y NADRA 2011) y su
continuación La Causa Peronista; El Peronista,
Militancia y El Nuevo Hombre sufrieron la misma suerte. También se
clausuraron El Mundo (MAGGIO 2012), ligado al
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) -la guerrilla de origen trotskista,
que era el brazo militar del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)-,
y otros de circulación menor, como el matutino La Calle de
izquierda moderada. Las revistas humorísticas también sufrieron la
censura: Satiricón, de humor negro, fue clausurada en octubre
de 1974 bajo acusaciones de "inmoralidad", Chaupinela, otro
intento humorístico de los periodistas de Satiricón, fue
clausurada por el gobierno de Isabel en 1975 con un juicio por desacato
(IGAL2013). El mismo destino vio la revista del nacionalismo católico de
derecha Cabildo -y sus intentos de reaparición con otros
nombres-. En el ámbito de la prensa de difusión masiva el gobierno clausuró el
diario popular Crónica por tiempo indeterminado desde el 21 de
diciembre de 197410 (pero por una decisión judicial la clausura
fue levantada el 17 de diciembre de 1975). Otro emprendimiento del dueño
de Crónica, el diario Ultima Hora -que
apareció desde el 20 de febrero de 1975 hasta el 19 de diciembre de ese año-,
fue clausurado por cinco días por decreto n° 3422 del Poder Ejecutivo del 17 de
noviembre de 1975, por publicar la noticia sobre la muerte de ocho niños por
una epidemia de sarampión, motivo por el cual fue acusado de "distorsionar
la realidad" para "crear un clima de angustia en la opinión
pública" (cit. por GARCÍA 2012: 99 y Boletín Oficial de la
República Argentina, decreto n° 2422, 20/11/1975, pp. 2-3). El
diario La Opinión fue cerrado el 13 de febrero de 1976 por 10
días, como colofón de su enfrentamiento directo con el gobierno peronista
(MOCHKOFSKY 2004: 224-225).
La administración de
Isabel también impulsó medidas de asfixia económica a través de la quita de la
publicidad oficial o la demora en los pagos11, la política sobre
importación del papel12, e incursionó en agresiones verbales, como
cuando la presidenta catalogó, el 5 de noviembre de 1975 y por cadena nacional
de radio y televisión, a la acción de la prensa como de "terrorismo
periodístico" (Clarín, 6/11/1975), que impactó en el
periodismo y fue repudiada. Téngase en cuenta que, en un contexto donde la
violencia política estaba exacerbada, este tipo de acusaciones podían estimular
las prácticas violentas contra los medios implicados. Así parecieron
entenderlo algunos exponentes de la prensa. Por ejemplo, el diario Clarín hizo
referencia a la frase presidencial en el editorial "Terrorismo
periodístico y realidad", del 13 de marzo de 1976. Allí se quejaba por el
uso del término "terrorismo" para designar al ejercicio periodístico
y además destacaba, en referencia al gobierno, su "peligrosa tendencia a
desviar la atención de los problemas reales, atribuyendo las culpas a quienes
poco o nada tienen que ver con su producción", para finalizar: "No
hay, pues, confabulaciones ni terrorismo periodístico sino que (...) existe un
registro común de una realidad unívoca y una preocupación (...) ante el
delicado momento que le toca atravesar a la República" (Clarín, 13
de marzo de 1976, p. 6). En un sentido similar se había expresado el director
de la revista de interés político Redacción, Hugo Gambini, en
el editorial titulado "El terrorismo periodístico", en noviembre de
1975. Allí se preguntaba "¿(...) es que el Gobierno pretende acallar (...)
a la prensa escrita? ¿Qué quiere esconder? ¿Su ineficacia administrativa? ¿Su fracaso
político?", para finalizar con una defensa lacónica del trabajo de la
prensa: "En materia de terrorismos, el pueblo ya está suficientemente
golpeado como para que se le pretenda inventar uno nuevo. El plomo de las
imprentas no mata a nadie. Eso sí, penetra en las conciencias, hiere a la
inmoralidad, despabila a los dormidos, asusta a los impostores. Sirve a la
República para evitar que se sirvan de ella" (Hugo Gambini, Redacción, noviembre
de 1975, p. 5).
En este ámbito debe
computarse la campaña que lanzó el gobierno el 18 de mayo de 1975 por la Cadena
Oficial de Televisión contra los diarios La Opinión y El
Cronista Comercial, aludiendo a que estas publicaciones atizaban
"las prácticas disolventes de la comunidad bajo la apariencia de apoyo a
algunas gestiones de gobierno" (cit. por CARNEVALE 1999: 168-169). Ese
día La Opinión había publicado una nota contra el
"terrorismo de izquierda y de derecha", recordando atentados y
crímenes de ambos bandos y "las reacciones" de "voceros del
oficialismo, la oposición y las Fuerzas Armadas" (cit. por CARNEVALE 1999:
168-169).
Una de las medidas
restrictivas más relevantes para el accionar de la prensa durante estos años
fue la sanción de la ley n° 20.840 conocida como de "Seguridad
Nacional" o "antisubversiva", promulgada el 30 de septiembre de
1974 en el contexto de crecimiento de la violencia política. Su objetivo
primordial se vinculaba a la represión de la "subversión", y en su
artículo 1o establecía la imposición de prisión de tres a ocho
años a quien intentara o preconizara por cualquier medio "alterar o
suprimir el orden institucional y la paz social de la Nación". Como se
observará, frase lo suficientemente amplia y vaga como para sancionar a
cualquier sector social y político díscolo. Pero su articulado también hacía pender
la amenaza sobre los medios de comunicación. En su artículo 3o,
inciso b) imponía prisión de dos a cinco años "A los redactores o editores
de publicaciones de cualquier tipo, directores y locutores de radio y
televisión, o responsables de cualquier medio de comunicación, que informen o
propaguen hechos, imágenes o comunicaciones de las conductas previstas en el
artículo 1o" (Boletín Oficial de la República
Argentina, 2/10/1974, p. 2). Como era esperable, la medida recibió
fuertes rechazos de parte de los órganos de prensa.
En este terreno
también se inscribieron otros articulados, como el decreto n° 1273, publicado
el 20 de mayo de 1975, que en su artículo 1o creaba una oficina
denominada "Registro de Agencias Noticiosas" en la que se tenían que
inscribir todas las agencias noticiosas domiciliadas en el país para continuar
funcionando -también los corresponsales que dependían de ellas- y prohibía a
los medios de comunicación nacionales o extranjeros la difusión de noticias
referidas al país que hubieran sido suministradas por agencias noticiosas
extranjeras (en su artículo 4°)13. Esta disposición complementaba al
decreto n° 587 del 16 de agosto de 1973, firmado por el presidente Raúl Lastiri14 y
que entró en vigencia el 3 de octubre de 1973, que en su artículo 2° prohibía
a las agencias noticiosas extranjeras suministrar noticias o informaciones
argentinas "de cualquier naturaleza" dentro del territorio nacional15.
Y al que estableció el estado de sitio el 6 de noviembre de 197416,
que contenía partes que restringían la actividad periodística. Según el
periodista Graham-Yoll (1984: 82; cit. por SCHINDEL 2012: 84), quien ejerció la
profesión en aquellos años en el diario de la comunidad británica The
Buenos Aires Herald, la intención del contralor se debía a que los
periodistas argentinos pasaban información que no se podía publicar en el país
a los corresponsales o a las agencias extranjeros para que las emitieran en el
exterior, y así luego podían ser publicadas en el país pero con el crédito de
la fuente extranjera.
Por último, a inicios
de octubre de 1975, la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia y la
Secretaría de Informaciones del Estado, quedaron bajo la jurisdicción del
Consejo de Defensa Nacional, integrado por el ministro de Defensa y los tres
comandantes de las Fuerzas Armadas con la asesoría del Estado Mayor Conjunto, a
los fines de la "lucha contra la subversión"17.
Es interesante
destacar que este andamiaje legal censor impulsado por el gobierno de Isabel
Perón fue mantenido por la dictadura militar, que lo utilizó en diversas
ocasiones para presionar, en este caso "legalmente", a ciertos medios
de prensa cuando estos "traspasaban" los límites impuestos por el
régimen18. Como señala Avellaneda (1986: 16), la remisión del
discurso censor a la legislación anterior fue un mecanismo típico del control
ejercido durante el periodo 1960-1983 en Argentina, bien para legitimar esas
prácticas sobre una "continuidad histórica" y una
"atemporalidad" de los criterios normativos aplicados, o para evitar
la responsabilidad de crear la norma restrictiva. Ello es importante para
subrayar que las prácticas censoras en la Argentina tuvieron una paulatina
consolidación desde inicios de los años 60, que luego se acelera y sistematiza
a partir de 1974 y hasta 1983 (AVELLANEDA 1986: 10-17). En este contexto, debe
considerarse el avanzado grado de autocensura que en la etapa 1974-1976 se
impusieron las empresas periodísticas y los periodistas que trabajaban en ellas
frente a la radicalización de los conflictos políticos y el avance represivo
del Estado. Vale destacar un elemento señalado por Avellaneda (1986: 13-4) en
torno a una de las características centrales del discurso censor: su
ubicuidad. Al no haber existido en la Argentina una oficina de censura centralizada,
con ciertas políticas regulares e institucionalizadas, las prácticas censoras
parecían "estar en todas partes y en ninguna" (AVELLANEDA 1986: 14).
Y desde 1974 este fue el elemento más efectivo del discurso censor cultural
argentino, articulado a partir de 1976 con la práctica del terrorismo de Estado
que tuvo como uno de sus objetivos la internalización del castigo y la
inmovilización de las posibles reacciones.
5.
La actitud de los grandes diarios frente al golpe de Estado de 1976
El cúmulo de acciones
restrictivas que impulsó la administración de Isabel Perón generó protestas,
críticas y enfrentamientos públicos entre las empresas periodísticas y el
gobierno. Particularmente en los últimos meses de su gestión se estableció un
verdadero círculo vicioso entre la prensa diaria y la administración peronista.
Como parte de ese enfrentamiento, los órganos de prensa desplegaron una
estrategia informativa que desprestigió aún más a un gobierno preso de sus
propias contradicciones y asolado por una coalición cívico-militar que desde
junio de 1975 se aprestaba a tomar el poder a través de un golpe de Estado. En
este marco, desde los editoriales y las crónicas políticas se redimensionaron
las versiones sobre el golpe de Estado, se enfatizó sobre la incapacidad de la
presidente para gobernar19, se amplificaron los errores del gobierno
y se desacreditaron las políticas implementadas y los planes que incluían algún
tipo de traspaso legal del poder para salir de la crisis, entre otros recursos
que se orientaban a profundizar el clima de desestabilización (al cual el
propio gobierno contribuía con creces). En muchos casos, estas opiniones se
realizaban en forma inversamente proporcional a la ponderación positiva de las
Fuerzas Armadas, cuya intervención era sugerida cada vez menos elípticamente.
Siguiendo los conceptos de Borrat, los diarios argentinos trataron de generar
una influencia destinada a afectar el proceso de toma de decisiones en el
sistema político para, como mínimo, justificar una intervención política que
diera por finalizado al gobierno de Isabel Perón. Por supuesto, tal
posicionamiento debe interpretarse dentro de una cultura política autoritaria
que se caracterizaba por la ausencia de "fe democrática" y que
aceptaba la intervención castrense en la vida política del país como un
acontecimiento legítimo. Cultura política que, en última instancia, convalidaba
que se incumplieran las normas jurídicas o formales de la institucionalidad
republicana si éstas no aseguraban el "bienestar popular", el orden público
o ciertos objetivos políticos presentados como una mejora del bien común.
Así fue que durante
1975 las redacciones y las publicaciones de los principales diarios fueron caja
de resonancia de los rumores sobre el golpe de Estado, con el consiguiente desmedro
para la estabilidad institucional. Y en la superficie redaccional de los
periódicos las palabras "caos", "desorden",
"crisis", "desintegración", "descontrol",
"desgobierno" e "inmoralidad" fueron una y otra vez
utilizadas para definir la realidad nacional (interpretada así también por
amplios sectores de la población civil, los militares, y los sectores
dirigentes).
Hacia fines de ese
año la campaña de desprestigio contra el gobierno adquirió mayor vehemencia,
mientras las referencias hacia la realidad nacional se hacían cada vez más
dramáticas y admonitorias20. En los casos de los diarios La
Nación, La Prensa y La Razón existió una orientación
editorial deliberada para socavar aún más la ya frágil legitimidad del gobierno
peronista, sugiriendo o avalando al golpe de Estado como única salida posible a
la "crisis" nacional (Cf. DÍAZ 2002). Sin embargo, La
Nación mostró una mayor opacidad en su estrategia editorial, ya que no
hubo un llamado taxativo sobre la necesidad de un golpe de Estado ni una demanda
concreta sobre las Fuerzas Armadas para que ejercieran un rol activo en el
sistema político. Sí, una mirada sumamente crítica sobre el gobierno de Isabel
Perón y sobre la realidad nacional que fue construyendo paulatinamente la
necesidad de un "gran cambio" al que, finalmente, consideró
"inevitable" cuando este se concretó a través del golpe de Estado
(Cf. DÍAZ, GIMENEZ Y PASSARO 2002: 108-9). Su patente animadversión hacia la
presidenta se hacía saber un día después de su derrocamiento: "cada
vez más, el gobierno justicialista se abandonó en sus propias obsesiones. La
más absurda de éstas fue la conversión de la república en una suerte de
monarquía en la cual la viuda de un caudillo pretendió que el poder fuese un
bien casi computable en el juicio sucesorio" (cit. por DÍAZ, GIMENEZ Y
PASSARO 2002: 111). En el caso de La Prensa, se trataba de un
medio históricamente opositor al peronismo y desde ese espacio enunciativo
esbozó una crítica persistente e inflexible sobre el gobierno de Isabel Perón y
sobre otros actores vinculados al "populismo", que para el diario era
el principal responsable de la decadencia del país. Si bien en marzo de 1976 no
hizo alusión directa al golpe, utilizó una adjetivación desmedida y
catastrofista que justificaba así el derrocamiento del gobierno. Y una vez
acaecido éste, interpretó que en realidad no había habido una ruptura del orden
constitucional, ya que como durante el gobierno de Isabel no había existido una
"verdadera democracia" no era ella la que finalizaba con el golpe,
sino solo un gobierno (Cf. DÍAZ Y PASSARO 2002: 133-137). La
Razón, uno de los principales vespertinos de la época que estaba
vinculado al Ejército argentino, no tenía editoriales, por lo tanto construyó
su posicionamiento demoledor contra el gobierno desde sus titulares de tapa en
cuerpo catástrofe. Desde allí descalificó al Poder Ejecutivo, a los partidos
políticos y al sindicalismo, y construyó a las Fuerzas Armadas como el único
actor que podía rescatar al país del "caos" (Cf. DÍAZ Y GIMENEZ 2002:
200-213). Cabe destacar que, si bien el golpe era un acontecimiento esperado
por todas las redacciones hacia marzo de 1976, La Razón fue el
único diario que lo anticipó, cuando publicó en su tapa del 23 de marzo de
1976, su recordado titular: "Es inminente el final. Todo está
dicho". Clarín fue crítico de los extravíos del gobierno,
con un fuerte hincapié en el área económica, y construyó discursivamente al
golpe como un desenlace lógico e "inevitable", aunque no realizó una
campaña editorial sistemática para socavar la gobernabilidad de la
administración peronista (BOrrELLI 2016; DÍAZ 2002)21. Como se desprende de lo
antedicho, ninguno de estos diarios repudió el golpe de Estado22.
En resumen, puede
afirmarse que el golpe del 24 de marzo de 1976 fue legitimado por la gran
prensa nacional, a través de diferentes estrategias y por diversos motivos
ideológicos, como la única solución política efectiva frente a los errores del
gobierno, a una realidad social, política y económica que se juzgaba caótica, y
frente a la necesidad de "refundar" a la sociedad argentina en todos
sus ámbitos. Así fue que los diarios nacionales más influyentes convergieron
con la impronta refundacional con el que las Fuerzas Armadas tomaron el poder
estatal y se presentaron ante la sociedad. Tanto es así que, una vez echada a
rodar la dictadura, y a medida que su "promesa refundacional" se hizo
cada vez más imprecisa, sin embargo los grandes diarios nacionales, a la vez
que tendían a volverse más críticos hacia el gobierno militar, no dejaban de
destacar la "inevitabilidad" y la necesidad histórica que había
tenido el golpe frente al "caos" y el descalabro institucional del
gobierno de Isabel Perón (BORRELLI 2011).
6.
A manera de conclusión
El periodo de
gobierno de Isabel Perón profundizó y amplió una tendencia censora y
restrictiva para el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa que se
había iniciado en tiempos de la presidencia de Juan Perón, pero que dio un
salto cualitativo en el marco de la espiralización de la violencia política, la
inoperancia presidencial, las desavenencias políticas hacia adentro del partido
gobernante y los problemas políticos y económicos del país. El gobierno de
Isabel Perón construyó a los medios de prensa críticos como
"enemigos", acusándolos de prácticas desestabilizadoras que, sin
obviar posibles intenciones en este sentido, pusieron de relieve la impronta
autoritaria de su práctica política. Esto se evidenció en la creación y
aplicación de nuevos instrumentos legales que reforzaron la censura, en la clausura
de medios por decreto, en el ataque verbal hacia los medios de prensa o en la
omisión del gobierno para castigar a los sectores de la derecha peronista
-ligados a sus intereses-que persiguieron, atentaron, amenazaron y, en algunos
casos, asesinaron a periodistas u hostigaron a medios de prensa.
La prensa en general
fue distanciándose del gobierno de Isabel Perón a medida que su descrédito se
hacía mayor en la opinión pública y la situación socio-política se tornaba más
inestable. Y entendemos que las políticas negativas hacia el sector
implementadas por el gobierno peronista son una variable de máxima relevancia
para comprender ese distanciamiento. Por otra parte, si bien el contexto de
espiralización de la violencia -tanto de los sectores de la derecha como de la
izquierda- y las acciones restrictivas del gobierno promovieron la autocensura
ante ciertas circunstancias, ello no supuso el silenciamiento absoluto de los
medios de prensa, que en general siguieron denunciando los problemas que
consideraban acuciantes para el país.
La gran prensa
nacional legitimó el golpe de Estado de 1976, aunque a través de estrategias
diferenciadas. En casos concretos, hubo expresiones que se sumaron a las
tendencias desestabilizadoras que existían en el escenario político de 1975,
con las Fuerzas Armadas y sectores civiles opositores orientados a desgastar al
gobierno para propiciar su recambio por un golpe de Estado. Ninguno de los
grandes diarios repudió el golpe, que en términos generales fue presentado como
un acontecimiento "inevitable" y provocado por la propia impericia
del gobierno más que por la acción de las Fuerzas Armadas que, en cambio,
fueron exhibidas como salvadoras de la Nación ante el "vacío de
poder".
Para finalizar, si
retomamos los postulados de Borrat en relación a los niveles de involucramiento
en los conflictos políticos, observamos entonces que la prensa argentina se
situó en estos años en el nivel inter, como parte principal en
la relación con otros actores del sistema político. Esto le implicó quedar
expuesta a las represalias de diversos grupos políticos y del gobierno
nacional, como también de orientar su tarea periodística hacia fines políticos
específicos a través del ejercicio de la influencia, como por
ejemplo, al justificar argumentativamente el derrocamiento del gobierno por su
impericia, su falta de apego democrático o su responsabilidad en el "vacío
de poder" que dejaba al país, en este óptica, al borde de su
"desintegración".
Notas
1 El autor agradece el apoyo del
proyecto bajo su dirección PICT 2012-0284 de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica (Argentina) que ha facilitado la presentación de este
artículo. Algunos aspectos preliminares de la investigación fueron presentados
en el IX Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa, realizado
en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, Santiago
de Querétaro (México) del 29 al 31 de octubre de 2014.
2 En 1976 se publicaban en la Argentina
297 diarios, 765 periódicos y 960 semanarios, además de 250 publicaciones en
idiomas diversos (POSTOLSKI y MARINO 2005: 166).
3 El manejo discrecional y
propagandístico que hizo el gobierno de Isabel Perón de los medios de radio y
televisión estatales sobrevaloró a la prensa escrita como medio crítico del
poder político de turno. La prensa escrita objetó reiteradamente ese manejo
estatal, que a su vez justificó aún más su rol de contralor del poder político,
que ya de por sí se autoarrogaba en línea con la tradición liberal del
ejercicio periodístico.
4 La Nación había nacido el
4 de enero de 1870, fundado por el político y periodista Bartolomé Mitre. Su
dueño en el periodo de estudio era la familia Mitre, su director Bartolomé
Mitre, y su tirada diaria rondaba los 248 mil ejemplares (SIDICARO 1993). La
Prensa fue publicada por primera vez el 18 de octubre de 1869. Su
fundador y director fue el periodista y político José C. Paz. En el periodo de
estudio tuvo una tirada promedio de 162 mil ejemplares diarios, su dueño era la
familia Gainza Paz y su director Alberto Gainza Paz (PANELLA 2006). El
diario Clarín publicó su primer número el 28 de agosto de
1945, fue fundado por el político y periodista Roberto J. Noble, y a partir de
su fallecimiento en 1969 su directora fue su viuda, Ernestina Herrera de Noble.
Desde ese momento comenzó una carrera ascendente hasta ser, hacia fines de la
década del '60, el matutino de mayor tirada en la Capital Federal, promediando
los 360.000 ejemplares diarios (BOrrELLI 2016; SIVAK 2013). Crónica fue
fundado el 29 de julio de 1963 por el empresario periodístico Héctor Ricardo
García. Hacia el periodo de estudio, sumando sus tres ediciones diarias,
"tiraba" cerca de 800 mil ejemplares, siendo el de mayor tirada de la
época (FRANCO 2012: 195). El vespertino La Razón fue publicado
por primera vez el 1 de marzo de 1905, siendo uno de los emprendimientos
pioneros del nuevo periodismo comercial, ya que no estaba vinculado a un
caudillo político. Fue fundado por el periodista Emilio Morales. Al momento del
golpe de Estado de 1976 su dueño era Patricio Peralta Ramos y estaba dirigido
en su faz periodística por Félix Laiño (desde 1937). Desde fines de los años 50
se le atribuyó una cercanía con el Ejército argentino. Su tirada promedio era
de 500 mil ejemplares sumando la edición matutina y vespertina. El diario La
Opinión salió a la calle el 4 de mayo de 1970, fundado por el
periodista Jacobo Timerman. Fue un diario de "vanguardia" que renovó
las formas de hacer periodismo, con hincapié en las notas de interpretación. Su
periodo "independiente" finalizó en abril de 1977, cuando fue
intervenido por la dictadura militar (RUIZ 2001).
5 La fórmula Juan Perón-Isabel Perón
había sido electa el 23 de septiembre de 1973 con el 61,85% de los votos (y
asumieron los cargos el 12 de octubre de ese año). Con el fallecimiento del
presidente el 1 de julio de 1974 asumió ese cargo su vicepresidenta, Isabel.
6 Desde fines de 1973 sus acciones
criminales contra militantes e intelectuales, por lo general de izquierda,
tuvieron amplia repercusión pública, generando incertidumbre y temor en la
población.
7 Entre los casos más resonantes se
encuentran el secuestro y posterior asesinato de David Kraiselburd en julio de
1974, quien era director del diario El Día de la ciudad de La
Plata y de la agencia de noticias Noticias Argentinas, a manos
de la organización político-armada peronista Montoneros; los asesinatos de los
periodistas de La Opinión Pedro Leopoldo Barraza -el 13
de octubre de 1974- y Jorge Money -en mayo de 1975- , nunca aclarados pero con alta
probabilidad de que hayan sido responsabilidad de la Triple A (SÁENZ
QUESADA2003: 288).
8 Para un racconto de
los principales acontecimientos sufridos por la prensa y los periodistas
durante 1975, véase Graham-Yoll (1975: 73-74); véase también el balance
negativo del diario La Nación sobre la libertad de prensa a
mediados de 1975 {La Nación, 7/6/1975, p.8; cit. por SIDICARO
1993: 383).
9 DE RIZ 1986; DI TELLA 1985; ITZCOVITZ
1985; MACEYRA 1983; NOVARO y PALERMO 2003; SÁENZ QUESADA, 2003.
10 Fue clausurado bajo la justificación que el
vespertino violaba el artículo 22 de la Constitución Nacional, al haber atizado
la recuperación de las Islas Malvinas por la fuerza popular. Crónica había
lanzado una campaña de reclutamiento de voluntarios para la recuperación de
Malvinas que tuvo bastante éxito y molestó al gobierno nacional. Según su
propietario y director, Héctor Ricardo García, la clausura respondió en
realidad a otras razones: su oposición al proceso de estatización de los
canales capitalinos de televisión luego de la muerte de Perón, debido a que él
era propietario de Canal 11 al momento de la expropiación -(DE RÚSSOVICH Y
LACrOIX 1986: 17; ULANOVSKY 2005: 65)-, y a que López Rega quería quedarse con
el diario y otros de sus medios (GARCÍA 2012: 90).
11 Sobre este punto, varias entidades de
editores y empresarios de la prensa publicaron en septiembre de 1975 la
solicitada "La prensa argentina ante una grave situación" donde
denunciaban la deuda que mantenía el Estado por la publicidad oficial (Redacción, septiembre
de 1975).
12 La mayoría del papel prensa que se consumía
en Argentina era importado y los gobiernos solían manejar los aranceles a la
importación de papel o la cuotificación de su entrega como un elemento
condicionante para la prensa.
13 En el artículo 2° informaba
sobre una extensa lista de requisitos que debían cumplimentar las agencias, que
ponía en evidencia la intención de control. En el artículo 5o enumeraba
las sanciones que aplicaría a las agencias y a los medios que suministraran
información que infringieran los decretos n° 587 (al que nos referimos más
adelante) y n° 1273: suspensión temporal o anulación de la inscripción en el
registro, restricción o prohibición del uso del crédito bancario y acceso a
beneficios fiscales, suspensión o cancelación de frecuencias (radio o TV); en
el caso de la prensa, prohibición temporaria de impresión, circulación y
distribución y clausura del establecimiento. En el caso de los corresponsales
se preveía su posible expulsión del país (Boletín Oficial de la
República Argentina, decreto 1273, 20/5/1973, p. 3).
14 Quien ocupó la presidencia brevemente desde el 13
de julio al 12 de octubre de 1973, luego de la renuncia de Héctor Cámpora
-quien había asumido el 25 de mayo de 1973- y hasta la asunción de Juan Perón
luego de su triunfo en las elecciones de septiembre de ese año.
15 El decreto n° 587 también disponía en su
artículo 5o que "las noticias o informaciones
argentinas" ocuparían por lo menos el 50 por ciento del tiempo que
insumiera en su transmisión oral o televisiva y lo mismo para el espacio en
caso de publicación, y prohibía en su artículo 1° el
"empleo de voces o expresiones idiomáticas extranjeras en la propalación
de todo tipo de noticia o informaciones". En todo caso, decretaba que
debían ser traducidas todas las expresiones idiomáticas extranjeras al idioma
nacional.
16 El estado de sitio fue decretado cinco días
después que la organización Montoneros asesinara en un atentado al jefe de la
Policía Federal, Alberto Villar, y a su esposa. El estado de sitio le permitía
al Poder Ejecutivo detener sin intervención judicial a sospechosos de haber
cometidos delitos contra el Estado. Estuvo vigente hasta el fin de la dictadura
militar de 1976-1983, siendo suprimido el 29 de octubre de 1983 (SErVETTO y
PAIARO 2013: 365 y 380).
17 Esta nueva organización fue dispuesta por el
presidente interino ítalo Lúder -Isabel se encontraba de licencia-
a través del decreto 2772, conocido como de "aniquilamiento" por
el cual "las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del presidente de
la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a
ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los
efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el
territorio del país" {Clarín, 9/10/1975, p. 17). De esta
manera el poder político se subordinaba totalmente al militar en el orden
represivo -y también político-, ofreciendo un manto legal a la represión. A
cambio las Fuerzas Armadas se habían comprometido a no derrocar al gobierno.
18 El gobierno militar utilizó la Ley 20.840 de
"Seguridad Nacional" como justificativo para procesar y encarcelar
por unas horas al director del diario The Buenos Aires Herald, Robert
Cox, a mediados de abril de 1977. Fue como escarmiento porque el 21 de abril de
ese año el diario había publicado una información sobre una conferencia de
prensa de Montoneros en Roma. Luego, el 24 de febrero de 1978, la dictadura
prohibió la impresión, circulación y distribución del vespertino La
Razón del día siguiente por publicar información de Chile sobre el
conflicto del Canal de Beagle, lo hizo a través del decreto n° 493 que se
remitía en su fundamentación al decreto n° 1273 de 1975 sobre Agencias
Noticiosas sancionado por el gobierno de Isabel Perón y que meses después sería
derogado por el propio gobierno militar (Boletín Oficial de la
República Argentina, 2/3/1978, p. 1).
19 La imagen presidencial quedó fuertemente
desprestigiada ante la opinión pública en 1975. La incapacidad manifiesta de
Isabel para manejar el proceso político, su carácter ciclotímico y sus
contradicciones, sus problemas de salud -por los cuales se tuvo que tomar
licencia en medio de una ola de rumores-, las sospechas de corrupción sobre
ella y sus funcionarios, entre otros elementos, la ubicaron en un lugar de
debilidad por el cual la prensa comenzó a hablar del "vacío de poder"
como uno de los problemas de la crisis política. En este marco, hacia fines de
1975 las versiones sobre el futuro institucional del país eran múltiples, pero
ninguna la incluía a Isabel. Se especulaba con su renuncia presidencial, el
juicio político, la declaración de insania presidencial y un golpe de Estado.
También corrían versiones sobre la posibilidad de modificar la legislación para
que un oficial superior de las Fuerzas Armadas ejerciera la presidencia o que
las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la administración real del Estado con
Isabel manteniendo formalmente la presidencia (KANDEL y MONTEVERDE 1976:
110-11; SÁENZ QUESADA2003: 375).
20 Más aún luego del intento golpista de parte
de un sector de la Fuerza Área encabezado por el brigadier Jesús Orlando
Capellini, del intento de copamiento del ERP de un batallón del Ejército en
Monte Chingolo, provincia de Buenos Aires (ambos a mediados de diciembre de
1975), y que el jefe del Ejército Jorge Videla emplazara en la navidad de ese
año al gobierno nacional a que diera soluciones efectivas a la crisis nacional.
21 La página editorial del diario estaba
manejada por el desarrollismo, nucleado en el partido Movimiento de Integración
y Desarrollo (MID). El MID formó parte de la coalición de gobierno -que con el
peronismo como partido sobresaliente había ganado las elecciones de marzo de
1973, el Frente Justicialista de Liberación (FREJULI)- hasta mediados de
diciembre de 1975. Desde ese momento las críticas de Clarín al
gobierno fueron más directas y enfáticas.
22 Para un análisis en profundidad sobre la
prensa argentina y los golpes de Estado, consúltese Borrelli y Saborido (2014)
yVitale(2015)
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