TRÍPTICA NACIONAL.HISTORIA.32. La crisis del 90, con cierto epílogo.

Aunque la crisis financiera de Baring repercutió tanto en la comunidad argentina como en la británica, no constituyó una crisis en la relación bilateral. Cada uno de los gobiernos contribuyó a la resolución de la crisis dentro de su propio medio, no mediante la confrontación o la negociación recíproca como entidades soberanas. La solución a la crisis económica se gestó, por el lado argentino, con la reforma fiscal y financiera de Pellegrini, antes de que Baring se enfrentase a la bancarrota y que el gobierno británico se encontrase envuelto en ella, pero esto no fue percibido por los contemporáneos.

    El gobierno argentino no pagó sus obligaciones con recursos propios, sino con los que provinieron del empréstito Rothschild. Las medidas adoptadas por el gobierno de Pellegrini tuvieron eco favorable en Londres. Resuelto a sanear la economía argentina, el sucesor de Juárez Celman dirigió su artillería contra los Bancos Garantidos, responsables de la inflación por haber prestado dinero sin garantía. Se adoptaron también importantes medidas, como la liquidación del Banco Nacional, el despido de 1500 empleados de correos, la reducción a la mitad del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, la cancelación de ventas fraudulentas de tierras y de una serie de ferrocarriles garantidos y la reducción de costosas obras públicas.  

  Los problemas financieros externos fueron resueltos con el empréstito Rothschild, pero no sucedió lo mismo con los problemas internos. El gobierno de Pellegrini (imágen) debió imponer nuevos impuestos para hacer frente a las obligaciones externas contraídas por gobiernos provinciales y municipalidades en los años de la administración de Juárez Celman, pero como los nuevos recursos -el pago del 50% de los derechos de Aduana en oro, el retorno de los gravámenes a las exportaciones suprimidos en 1887 y el establecimiento de un impuesto a los depósitos bancarios-, no rindieron los frutos esperados, el gobierno se vio obligado a recurrir a la emisión monetaria. Esta no afectó tanto a los sectores exportadores, cuyos ingresos fueron en oro y no en papel.  Tampoco a los industriales, para quienes la misma crisis y emisión monetaria fueron una especie de malla protectora de la competencia extranjera.  Los sectores que más sufrieron los efectos de la crisis fueron el gobierno, cuyos problemas financieros lo colocaron en una incómoda situación, y el sector urbano no exportador (comerciantes, importadores, trabajadores y aquellos que especularon con tierras y valores mobiliarios).
  

 El Presidente Luis Sáenz Peña continuó la negociación con los bancos acreedores iniciada por Pellegrini. En ella tuvo especial gravitación el nuevo Ministro de Hacienda, Juan José Romero, quien propuso a los bancos acreedores que la Argentina pagara su deuda de acuerdo con la capacidad real de pago, sin tomar nuevos préstamos. El 3 de julio de 1893 Romero logró un arreglo con Rothschild en Londres. Los intereses de varios títulos argentinos se reducían (el promedio de reducción fue algo inferior al 30%) por cinco años. Durante el período de reducción de los intereses, el gobierno argentino se comprometió a pagar cada año una suma de 1.565.000 libras al Banco de Inglaterra, para que éste la distribuyera entre los tenedores de bonos. A fines del sexto año, la Argentina trataría directamente con las casas emisoras. Romero negoció con los acreedores en forma directa, y si bien los términos del acuerdo fueron criticados tanto en Buenos Aires como en Londres, éste funcionó porque fue un compromiso entre intereses que, mas allá de sus diferencias, tuvieron en común la voluntad de mantener el proceso de comercio e inversión entre la Argentina y Gran Bretaña.
    Los méritos principales del arreglo logrado por Romero fueron que orientó productivamente los excedentes de renta del Estado argentino, resolvió el problema de las deudas provinciales -asumidas por el gobierno nacional- y puso fin a las garantías ferroviarias otorgadas por el gobierno argentino. En enero de 1896 el Congreso Nacional autorizó una emisión de bonos de 50 millones de pesos oro al interés del 4%, con amortización del ½%, con el objetivo de pagar todas las cuentas pendientes derivadas de las garantías y rescindir todos los contratos de garantías ferroviarias posibles mediante la negociación. Como resultado de estos esfuerzos del gobierno argentino, cinco compañías aceptaron abultadas sumas en reemplazo de las garantías estatales y dos fueron compradas, logrando reducirse las posibles demandas por garantías ferroviarias en un 50%. Después de 1905 no se acordó garantía o subsidio de ninguna clase a ninguna compañía ferroviaria.