Las medidas se
daban por la necesidad que existía de adoptar esas disposiciones en tono
enérgico para reprimir el uso y abuso de la bebida en todo el territorio.
Era notorio los
trastorno que esta costumbre traía en la vida social y económica de la
población, y teniendo en cuenta que algunos comerciantes de poco escrúpulo que
lo expendían se excedían del comercio justo, el Gobernador dispuso multas para
las personas que se hallan ebrias en negocios y lugares públicos, como así
también a los nombrados y a los menores de 18 años de edad, y para la
marinería, personal de Policía y guardiacárceles ordena multas más elevadas.
Establece además,
que los empleados de la Gendarmería y del Presidio que se encuentren en estado
de ebriedad sufrirán la suspensión de sus puestos, y en casos de reincidencia,
la baja.
La policía era la
encarga de hacer cumplir estas disposiciones y de mantenerse sobria.
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