1900, Agosto 3.
El Poder Ejecutivo ha puesto en tela de juicio con el proyecto de reorganización administrativa y judicial de los territorios federales uno de los problemas económicos de primer rango del país en la época que cruzamos. Comprende esa legislación la mitad del suelo argentino poco menos que despoblado e improductivo, dotado por la naturaleza de una vasta y variada producción.
Los territorios están desacreditados con injusticia notoria, por la culpa exclusiva de la mala administración y de su justicia detestable. No aludimos principalmente a la administración local de los mismos, sino a la superior, a la más alta, a la ejercida, cada una en su jurisdicción, por el Poder Ejecutivo, y por el Congreso.
Los poderes públicos, en efecto, no solamente tienen condenado a aquellas grandes circunscripciones administrativas a un abandono crónico, sino, lo que es mucho peor, a ser la presa de los especuladores que labran su enriquecimiento sin otro capital que sus influencias oficiales. La tierra pública es para ellos el botín de los triunfos electorales o de el emolumento con que los poderosos compensan largamente a sus favoritos.
El poblador, el colono, el industrial, no tienen acceso a las esferas en donde se delibera sobre su suerte, deben compartir el noble fruto de su labor con los mercaderes de influencias, quienes poseen el secreto del rechazo o de la aceptación de las demandas del labrador honrado y del empresario de buena ley.
La alta administración además de servir conciente o inconcientemente a este tráfico ruinoso y abominable, no presta atención a ninguna iniciativa de sus subalternos, ni presenta jamás ninguna propia. Las memorias y comunicaciones de los gobernadores de los territorios exponen las necesidades sentidas y con frecuencia indican reformas y mejoras útiles, nadie las lee en Casa Rosada. Es una producción totalmente perdida.
Como consecuencia de esta desidia y de ese desorden, los gobiernos permanecen estacionarios. El hombre trabajador y el capital rehusan emplearse en ellas, pro que les faltan los elementos primarios del progreso –las garantías civiles y los estímulos materiales, traducidos en obras que faciliten las comunicaciones y propendan a la valorización de la propiedad.
Silos poderes del Estado en este país hicieran en los territorios federales, la décima parte de lo que las potencias europeas hacen en sus lejanas colonias de Asia y de África, con el propósito de aumentar su población y difundir su comercio, aquellas serían hoy prósperas provincias de la unión nacional. ¿Es acaso exigir mucho que el suelo patrio se le proceda una protección equivalente al décimo de lo que otorga la Europa al suelo conquistado, habitado por razas inferiores o de una cultura embrionaria?
Puesta la cuestión sobre el tapete legislativo, corresponde al Congreso y la opinión, la diluciden con amplio y patriótico criterio, con la mira de habilitar a aquellos territorios para las funciones del progreso, transformándolos en factores de riqueza pública, mas por negocio la Nación debiera acometer esa empresa.
Comenzando por la Tierra del Fuego y concluyendo en el Chaco, las investigaciones científicas y los ensayos industriales, hechos por iniciativa privada, tiene plenamente demostrado que allí abundan dones naturales suficientes para labrar la fortuna de la República y que inexplorados como caudales adjudicados a la ineptitud e imbecilidad civiles, que la ley suple con la curatela. Solamente la pesquería en las costas patagónicas, según el juicio de los hombres ilustrados, que constan documentos dispersos, puede producir ingentes sumas y asegurar la prosperidad de numerosas poblaciones asentadas en comarcas ocupadas por avestruces y guanacos.
Estamos aludiendo a un verdadero continente dotado de abundantes puertos marítimos y cruzado por grandes ríos con agua para una irrigación copiosa y para una navegación segura. Ahí está el Río Negro el más caudaloso de la Patagonia, que incita a las iniciativas de las obras de riego que harían una segunda creación opulenta ya que es a la vez vía navegable de una importancia económica trascendental inutilizada par el programa nacional por la inepcia oficial, pues las pocas embarcaciones que la surcan sirven tan solo como prueba permanente de desperdicio de las generosidades de la naturaleza que por tanto como una acusación a la memoria de sus dueños, quienes debieron habérsela incorporado de años atrás a sus bienes políticos por una extensa y bien provista navegación.
Los territorios no prosperan no son provincias con un motivo de escándalo, son presa de l especulación y están abatidos por el descrédito, porque los poderes nacionales les niegan la atención que merecen permitiendo que el favoritismo los desconceptúe y los devore. Para que se vea lo que puede ser bajo una administración diligente y de maduro criterio, ahí está Misiones resurgiendo de sus ruins y de sus selvas esplendidas, por la ocasión de una inmigración lejana, auxiliada, protegida, paternalmente estimulada por un gobierno apadronado con el ideal del progreso de la comarca. Lo que necesitan los territorios, pues es buena justicia local, una administración inmediata activa, honrada y amiga y que tengan en Buenos Aires en la Casa Rosada y en el Congreso en forma de sordera, voces que hagan repercutir el eco de sus necesidades u agentes autorizados encargados de la gestión de sus intereses vitales.
El proyecto aludido provee a este consideratum con institución de delegados de los territorios en la Cámara de Diputados con voz y sin voto en sus deliberaciones, elegidos por representación comunal de los mismos.
La conveniencia pública nacional de esos funcionarios es indiscutible. Cambiaría radical y profícuamente la suerte de aquellos territorios poco tiempo después de que tuviesen representantes de aquella categoría que haban conocer al gobierno y al congreso de sus necesidades y propongan las mejoras que las satisfagan.
Difícilmente ha de indicarse una sola obra de progreso ejecutada por la Nación dentro de las provincias, que no hay sido iniciada por sus representantes en las cámaras o que procedan de sus sugestiones empeñosas a Presidentes y Ministros. En esa función benéfica se palpa la virtud del régimen de la descentralización del gobierno, que forma parte del espíritu local apasionado y eficiente.
Ciento es que la constitución dice que las cámaras federales se componen de tantos senadores y diputados elegidos por las provincias en la forma y proporción que percibe, pero también la constitución crea la personalidad del ciudadano con la plenitud de sus derechos políticos, con un ejercicio participa en la gestión gubernamental de sus intereses.
Los habitantes de los territorios están en la situación anormal y desventajosa por el hecho de no ser individuos de provincias, y no son por que el congreso no juzga conveniente elevarlos a ese rango no obstante que algunos de ellos tienen población suficiente para elegir un diputado al congreso, conforme a la ley en la materia.
Bajo el riguroso principio al derecho representativo que forma la organización constitucional del país la población de los territorios tiene opción a que se la oiga de alguna forma, conciliable con la constitución ahora si el delegado proyectado no es un diputado deliberante, si su creación corresponde a un interés público, y por medio del arbitrio se suple la representación de que con menoscabo de su fortuna están privados decenas de miles de ciudadanos argentinos, ¿por que no introducir tal mejoran en el mecanismo nacional? La idea es simpática por que se inspira en un espíritu democrático, y pro que concurre a resolver el problema de porvenir de los territorios.
Celebramos, pues, la promoción de la reforma de la ley orgánica de los territorios porque pone en debate una materia de inmensa trascendencia para el país. Hemos asistido a una discusión con las aspiraciones de que jamás consignadas las mismas que nos guiaron siempre en la constante controversia, casi estéril hasta aquí de esos altísimos intereses argentinos.
Observaciones del Mensajero:
He acudido a un libro publicado por el Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal bajo el título CIEN AÑOS CONTRA EL PAIS, y no encontré en el análisis crítico del diario referencias a su mirada sobre la cuestión de los Territorios Nacionales.
Hay una medida centralista en esta publicación de 1970, como suele suceder con la política nacional en casi todos sus matices, donde se ha mirado solo el comportamiento de las oportunidades en la ciudad puerto, o la región pampeana.
Hay todo un capítulo titulado CON MITRE, CONTRA ROCA, pero no se llega a analizar este tiempo que estamos deletreando, el de su segunda presidencia, del inicio del siglo XX.
En tanto que la referencia final de crear cargos de delegados de los territorios, con voz pero sin voto, habrá que esperar al gobierno peronista y las elecciones de 1951, bajo una nueva constitución.
El Poder Ejecutivo ha puesto en tela de juicio con el proyecto de reorganización administrativa y judicial de los territorios federales uno de los problemas económicos de primer rango del país en la época que cruzamos. Comprende esa legislación la mitad del suelo argentino poco menos que despoblado e improductivo, dotado por la naturaleza de una vasta y variada producción.
Los territorios están desacreditados con injusticia notoria, por la culpa exclusiva de la mala administración y de su justicia detestable. No aludimos principalmente a la administración local de los mismos, sino a la superior, a la más alta, a la ejercida, cada una en su jurisdicción, por el Poder Ejecutivo, y por el Congreso.
Los poderes públicos, en efecto, no solamente tienen condenado a aquellas grandes circunscripciones administrativas a un abandono crónico, sino, lo que es mucho peor, a ser la presa de los especuladores que labran su enriquecimiento sin otro capital que sus influencias oficiales. La tierra pública es para ellos el botín de los triunfos electorales o de el emolumento con que los poderosos compensan largamente a sus favoritos.
El poblador, el colono, el industrial, no tienen acceso a las esferas en donde se delibera sobre su suerte, deben compartir el noble fruto de su labor con los mercaderes de influencias, quienes poseen el secreto del rechazo o de la aceptación de las demandas del labrador honrado y del empresario de buena ley.
La alta administración además de servir conciente o inconcientemente a este tráfico ruinoso y abominable, no presta atención a ninguna iniciativa de sus subalternos, ni presenta jamás ninguna propia. Las memorias y comunicaciones de los gobernadores de los territorios exponen las necesidades sentidas y con frecuencia indican reformas y mejoras útiles, nadie las lee en Casa Rosada. Es una producción totalmente perdida.
Como consecuencia de esta desidia y de ese desorden, los gobiernos permanecen estacionarios. El hombre trabajador y el capital rehusan emplearse en ellas, pro que les faltan los elementos primarios del progreso –las garantías civiles y los estímulos materiales, traducidos en obras que faciliten las comunicaciones y propendan a la valorización de la propiedad.
Silos poderes del Estado en este país hicieran en los territorios federales, la décima parte de lo que las potencias europeas hacen en sus lejanas colonias de Asia y de África, con el propósito de aumentar su población y difundir su comercio, aquellas serían hoy prósperas provincias de la unión nacional. ¿Es acaso exigir mucho que el suelo patrio se le proceda una protección equivalente al décimo de lo que otorga la Europa al suelo conquistado, habitado por razas inferiores o de una cultura embrionaria?
Puesta la cuestión sobre el tapete legislativo, corresponde al Congreso y la opinión, la diluciden con amplio y patriótico criterio, con la mira de habilitar a aquellos territorios para las funciones del progreso, transformándolos en factores de riqueza pública, mas por negocio la Nación debiera acometer esa empresa.
Comenzando por la Tierra del Fuego y concluyendo en el Chaco, las investigaciones científicas y los ensayos industriales, hechos por iniciativa privada, tiene plenamente demostrado que allí abundan dones naturales suficientes para labrar la fortuna de la República y que inexplorados como caudales adjudicados a la ineptitud e imbecilidad civiles, que la ley suple con la curatela. Solamente la pesquería en las costas patagónicas, según el juicio de los hombres ilustrados, que constan documentos dispersos, puede producir ingentes sumas y asegurar la prosperidad de numerosas poblaciones asentadas en comarcas ocupadas por avestruces y guanacos.
Estamos aludiendo a un verdadero continente dotado de abundantes puertos marítimos y cruzado por grandes ríos con agua para una irrigación copiosa y para una navegación segura. Ahí está el Río Negro el más caudaloso de la Patagonia, que incita a las iniciativas de las obras de riego que harían una segunda creación opulenta ya que es a la vez vía navegable de una importancia económica trascendental inutilizada par el programa nacional por la inepcia oficial, pues las pocas embarcaciones que la surcan sirven tan solo como prueba permanente de desperdicio de las generosidades de la naturaleza que por tanto como una acusación a la memoria de sus dueños, quienes debieron habérsela incorporado de años atrás a sus bienes políticos por una extensa y bien provista navegación.
Los territorios no prosperan no son provincias con un motivo de escándalo, son presa de l especulación y están abatidos por el descrédito, porque los poderes nacionales les niegan la atención que merecen permitiendo que el favoritismo los desconceptúe y los devore. Para que se vea lo que puede ser bajo una administración diligente y de maduro criterio, ahí está Misiones resurgiendo de sus ruins y de sus selvas esplendidas, por la ocasión de una inmigración lejana, auxiliada, protegida, paternalmente estimulada por un gobierno apadronado con el ideal del progreso de la comarca. Lo que necesitan los territorios, pues es buena justicia local, una administración inmediata activa, honrada y amiga y que tengan en Buenos Aires en la Casa Rosada y en el Congreso en forma de sordera, voces que hagan repercutir el eco de sus necesidades u agentes autorizados encargados de la gestión de sus intereses vitales.
El proyecto aludido provee a este consideratum con institución de delegados de los territorios en la Cámara de Diputados con voz y sin voto en sus deliberaciones, elegidos por representación comunal de los mismos.
La conveniencia pública nacional de esos funcionarios es indiscutible. Cambiaría radical y profícuamente la suerte de aquellos territorios poco tiempo después de que tuviesen representantes de aquella categoría que haban conocer al gobierno y al congreso de sus necesidades y propongan las mejoras que las satisfagan.
Difícilmente ha de indicarse una sola obra de progreso ejecutada por la Nación dentro de las provincias, que no hay sido iniciada por sus representantes en las cámaras o que procedan de sus sugestiones empeñosas a Presidentes y Ministros. En esa función benéfica se palpa la virtud del régimen de la descentralización del gobierno, que forma parte del espíritu local apasionado y eficiente.
Ciento es que la constitución dice que las cámaras federales se componen de tantos senadores y diputados elegidos por las provincias en la forma y proporción que percibe, pero también la constitución crea la personalidad del ciudadano con la plenitud de sus derechos políticos, con un ejercicio participa en la gestión gubernamental de sus intereses.
Los habitantes de los territorios están en la situación anormal y desventajosa por el hecho de no ser individuos de provincias, y no son por que el congreso no juzga conveniente elevarlos a ese rango no obstante que algunos de ellos tienen población suficiente para elegir un diputado al congreso, conforme a la ley en la materia.
Bajo el riguroso principio al derecho representativo que forma la organización constitucional del país la población de los territorios tiene opción a que se la oiga de alguna forma, conciliable con la constitución ahora si el delegado proyectado no es un diputado deliberante, si su creación corresponde a un interés público, y por medio del arbitrio se suple la representación de que con menoscabo de su fortuna están privados decenas de miles de ciudadanos argentinos, ¿por que no introducir tal mejoran en el mecanismo nacional? La idea es simpática por que se inspira en un espíritu democrático, y pro que concurre a resolver el problema de porvenir de los territorios.
Celebramos, pues, la promoción de la reforma de la ley orgánica de los territorios porque pone en debate una materia de inmensa trascendencia para el país. Hemos asistido a una discusión con las aspiraciones de que jamás consignadas las mismas que nos guiaron siempre en la constante controversia, casi estéril hasta aquí de esos altísimos intereses argentinos.
Observaciones del Mensajero:
He acudido a un libro publicado por el Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal bajo el título CIEN AÑOS CONTRA EL PAIS, y no encontré en el análisis crítico del diario referencias a su mirada sobre la cuestión de los Territorios Nacionales.
Hay una medida centralista en esta publicación de 1970, como suele suceder con la política nacional en casi todos sus matices, donde se ha mirado solo el comportamiento de las oportunidades en la ciudad puerto, o la región pampeana.
Hay todo un capítulo titulado CON MITRE, CONTRA ROCA, pero no se llega a analizar este tiempo que estamos deletreando, el de su segunda presidencia, del inicio del siglo XX.
En tanto que la referencia final de crear cargos de delegados de los territorios, con voz pero sin voto, habrá que esperar al gobierno peronista y las elecciones de 1951, bajo una nueva constitución.
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